Un derecho dictado por Kafka

El derecho, quiero decir los códigos y las leyes, lejos de ofrecer un criterio único, sólido y completamente claro, para la resolución de los contenciosos propios de toda sociedad civil con Estado de derecho, es un hervidero de contradicciones, de paradojas y ambigüedades, que hace que las decisiones en derecho, también puedan ser decisiones en revés.

A Petro la Procuraduría lo echó mal. Todo comienza con la violación de los acuerdos internacionales que se derivan del Pacto de San José, que en su época Carlos Lleras Restrepo defendió, como un sistema de garantías civiles de carácter internacional, que se le reconocen a toda la población de los países signatarios. En Colombia, donde la Procuraduría es un organismo creado por la Constitución del 91, sus fallos son vinculantes. Ordoñez desvinculó del cargo y le cercenó los derechos civiles a la población de Bogotá que votó por Petro, y los de él mismo. Pero eso no bastaba para echarlo. Era necesario que el fallo de la Procuraduría estuviera acompañado por un fallo de la justicia, un tribunal, la única instancia en Colombia que puede destituir a un funcionario de elección popular.

Durante todo el periodo – de diciembre a marzo - la alcaldía y Petro estuvieron en vilo, mientras el Presidente Santos ratificaba con un decreto el fallo de la Procuraduría, y la CIDH se pronunciaba respecto a las medidas de defensa tutelar solicitadas por Petro, ante lo que para él es una violación a los derechos humanos. Santos hizo lo que electoralmente menos le servía en Bogotá, pero que le evitaba echarse encima a toda la derecha, empeñada en decapitar a Petro. Esperó hasta última hora el pronunciamiento de la CIDH, y lo decapitó él mismo. Solo después cuando ya se había acometido la violación, la CIDH hizo conocer las medidas tutelares a favor del Alcalde. En un lapso de tres semanas hubo dos alcaldes en Bogotá, el de Santos y la de Petro. Y menos de 24 horas después de nombrada la alcalde interina, el tribunal de Cundinamarca, en su sección de restitución de tierras, emitió un concepto de favorabilidad, amparado en las consecuencias vinculantes de las medidas cautelares, a una tutela interpuesta para defender los derechos del alcalde. Y en consecuencia Petro es restituido en la Alcaldía.

La Procuraduría y el Presidente fueron derrotados en derecho, por un procedimiento completamente en revés. Todo lo que se ha hecho contra Petro, presuntamente en derecho, son medidas alrevesadas que violan los derechos humanos y dejan ver la intención política de decapitar políticamente al alcalde. Se lo destituye mal, en consecuencia, violando los acuerdos internacionales. La CIDH tarda en emitir medidas cautelares, con lo cual hubiera protegido a Petro antes del fallo presidencial, pero prefirió esperar a que fuera el Presidente el que diera el primer paso, para luego revirar, y dar pie a que la justicia doméstica, a partir de una tutela, obligase a restituir a Petro. Una vez Santos conoció de las medidas cautelares, sabía que por un acción de tutela, se podría cuestionar su decisión. Se anticipó a decir, que si un juez se lo ordenaba, restituía a Petro en su cargo.

Antes de ayer se supo que tanto la Presidencia – a pesar de la declaración de aceptación del fallo de un juez - y la Procuraduría, impugnaron el fallo de tutela que restituyó al Alcalde. (Solo faltaría que las mismas cortes que fallaron a favor la tutela, ahora aceptaran la recusación). La CIDH puso la bomba y ahora en un torneo de instancias judiciales, la justicia doméstica, las cortes, tienen un sus manos la suerte de Petro. Ya no es la Procuraduría, ni la Presidencia, las que deberán decirnos si Petro se va o se queda. No obstante, cualquier sea el fallo, sus derechos siguen siendo amparados por las medidas cautelares.

Si a los laberintos jurisprudenciales de una ley que parece haber sido dictada por Kafka, perfecta en lo formal y al mismo tiempo monstruosa y proteica, se le agrega la mala leche política con que se le tuerce el derecho, tenemos un salpicón espeso de medidas que se niegan entre sí, que enrarecen cualquier decisión en derecho. Posiblemente nunca hubo un Alcalde más juzgado desde todos los flancos. Si se lo hubiera echado bien, Bogotá se habría ahorrado muchos de los costos del desgaste administrativo. Habría sido traumático de todas maneras, pero mucho menos que los fallos en revés, que hacen ver la ley como una broma, o como una forma de venganza. Pero no se lo podía echar bien.

Al mismo tiempo, ha sido la justicia, la que dentro del mismo Estado le ha dado soporte jurídico a los derechos del alcalde, oxígeno, para que a pesar de tener la soga al cuello, todavía pueda sacar aire para gritar, que lo último que falta es que lo asesinen.