La condena de un defensor de la democracia

En la última semana antes de las elecciones presidenciales, y en medio del campeonato mundial de futbol 2010, una joven juez del Juzgado Tercero Especializado de Bogotá, profirió condena y pena de treinta años, contra el Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, por hecho ocurridos hace casi 25 años, durante la retoma por parte del ejército del Palacio de Justicia.

La Juez María Estela Jara, se dedicó con exclusividad al caso, durante los últimos ocho meses, estudio 46.000 folios, leyó 100 CD, y estuvo en veinte sesiones con el psiquiatra.

Para el Ex Fiscal Alfonso Gómez, lo que hubo alrededor del proceso fue “una especie de pacto de silencio del establecimiento, que no quiere dejar llegara la verdad”.  

Monseñor Uribe exclamó sobrecogido:”Veo con dolor que condenen a un integrante de las Fuerzas Armadas que estaba defendiendo la democracia (…) Lo único que demandamos es una justicia imparcial y oportuna”. Para Monseñor ni siquiera hay conducta delictiva, no hay irregularidad, los muertos del Palacio, los de adentro y los de afuera, no constituye ningún hecho que merezca siquiera una investigación, porque para él, son el resultado natural de conductas defensivas propias de la democracia. En tal caso se explica el dolor, a causa de una condena a un defensor de la democracia, que ha sido condenado por una justicia, que es parcial, e inoportuna. Nada distinto ha hecho Monseñor al conocer la condena, a lo que hizo desde su primer choque con las Cortes,  desconocer el fuero de la justicia, descalificar las actuaciones, controvertir los fallos, amenazar directa e indirectamente a los jueces. Para la Seguridad Democrática, la Justicia está con ella, o está en contra.

Para el Ex General Harold Bedoya “se ha condenado a alguien que estaba cumpliendo órdenes del Presidente de la República”. Desde luego que  la responsabilidad de Arias, ni es individual ni es aislada. Técnicamente en el banquillo, debería estar recibiendo la condena, toda la línea de mando, de la que él era una parte operativa. (Actualmente se está juzgando en el mismo proceso a los Generales  Arias Cabrales e  Iván Ramírez y al Coronel Edilberto Sánchez).  Si el Presidente supo o no, posiblemente lo sabremos antes de que se muera. Existen evidencias históricas que llevarían a creer que durante 24 horas hubo, no exactamente un golpe de Estado, sino en relevo técnico del mando en las operaciones militares. Aún así el Presidente de la época, al que hoy vi llorar por la muerte de Saramago, tiene responsabilidad política.

El atorrante Jaime Castro dice “que la conducta del Coronel ha debido juzgarla un tribunal militar y no un tribunal civil”. Hoy tendríamos unos resultados distintos del proceso, seguramente Arias no estaría condenado a treinta años, y lo más importante, se habría demostrado que las asociaciones de familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, no tienen razones para reclamar justicia.       

Y otro Ex General, Juan Salcedo Lora, tan descarnado en el desconocimiento de los fallos judiciales, como Monseñor y Castro, considera que “los testigos son falsos y no tienen idoneidad ni credibilidad. Las pruebas no daban ni para una detención domiciliaria”. Las pruebas habrían dado, según Salcedo, para condecorar a  Arias, por la defensa cerrada de la democracia. Para Salcedo la Justicia es un adefesio, un exabrupto, que viola todo los principios procesales, falla con testigos falsos, prefabricados y sin pruebas.

Salcedo debería demandar a la Juez Especializada Jara, por haber condenado sin elementos a un defensor de la democracia.