Esa no es la verdad ex presidente Uribe

León Valencia

Alguna vez el entonces presidente Uribe me dijo que debía contarle al país la verdad sobre mi paso por la guerrilla. Había liderado una investigación académica sobre la parapolítica y Uribe quería menoscabar mi autoridad moral en el debate sobre la perversa alianza entre líderes políticos y paramilitares. 

 Acepté el reto y escribí Mis años de guerra, un libro que ahora es utilizado por los amigos del expresidente para incubar procesos judiciales en mi contra. No me arrepiento. Creo que al país le hace mucho bien que quienes participamos en el conflicto hagamos memoria de la guerra. 

 La semana pasada Rubén Darío Pinilla, magistrado del Tribunal Superior de Medellín, pidió investigar a Uribe por sus nexos con los paramilitares. Inmediatamente el expresidente anunció una respuesta pública a todos los interrogantes formulados por el tribunal. Tuve la esperanza de que le contaría muchas verdades al país. No fue así. Hay en su relato verdades a medias y mentiras flagrantes. Voy a ocuparme de algunas en esta columna, quizás vuelva sobre el asunto en otra.

 En su relato hace una férrea defensa de las Convivir. No acepta que se las asocie con criminales. Esta mentira se sale de toda proporción. Salvatore Mancuso era el asesor nacional de las Convivir y su organizador y jefe en Córdoba, Diego Vecino en Sucre, Jorge 40 en Cesar y Raúl Jazbún en Urabá. Al mismo tiempo eran los organizadores y jefes de las autodefensas.  

 La primera noticia de esa realidad la dio Mancuso en su libro de 2004 cuando no pasaba por su imaginación que iba a terminar enfrentado a Uribe. Estas cooperativas de seguridad fueron el principal mecanismo de reclutamiento de los miembros de los paramilitares a finales de los años noventa cuando el fenómeno creció y se extendió por el país. 

 Considera Uribe que el proceso penal al general Rito Alejo del Río es una injusticia y que la pacificación de Urabá, en los años de su gobernación en Antioquia, fue un ejercicio institucional. Otra enorme falacia. En Urabá los homicidios saltaron en 1997 a 700 y en 1998 a 800. Fue el lugar de mayores masacres en esos años. Los paramilitares, con la complicidad de la Brigada, produjeron ese baño de Sangre. Tal horror no tiene ningún viso de legalidad. 

 El coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien era el segundo de Rito Alejo, tuvo la decencia de denunciar los hechos y por ello fue separado del Ejército. En ese territorio dominado por los paramilitares se hicieron las reuniones cumbres que dieron origen primero a las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá y luego a las Autodefensas Unidas de Colombia. Allí estaba el cuartel mayor de los paramilitares y de allí salieron las expediciones que fueron hasta Mapiripán en el Meta y hasta Catatumbo en Santander para perpetrar las horrendas masacres que el país conoce.

 Todos los puntos de respuesta al magistrado Pinilla terminan con esta aseveración: “El gobierno que presidí combatió al paramilitarismo, lo desmontó, lo sometió a la justicia y a la reparación de víctimas, llevó a muchos de sus integrantes a la cárcel y extraditó cabecillas”. Verdad a medias. El desarme y la desmovilización de los paramilitares fue un mérito indudable de Uribe. Nadie le puede quitar esto. 

 Pero hay dos cosas que empañan esta realidad. Ahora sabemos que la desmovilización fue parcial y que la mayoría de los mandos medios de las autodefensas son en este momento los cabecillas de las bandas criminales. Sabemos también que la intención inicial de Uribe y el comisionado Luis Carlos Restrepo era protegerlos a toda costa de la extradición y darles un estatus político. 

 La cárcel y la remisión hacia Estados Unidos vinieron después de que la Corte Constitucional, en la sentencia C340, los despojara del carácter político y en medio del desengaño los paramilitares empezaran a contar verdades sobre los aliados políticos de Uribe. Se sabe incluso  que el Presidente, al principio, para salvar la situación, envió a Sabas Pretelt, ministro del Interior, a prometerles que en ningún caso los extraditaría. 

 Los jefes paramilitares estaban aún en Santa Fe Ralito y amenazaban con retirarse definitivamente de la negociación. Fue, sin duda, una hábil maniobra para culminar la desmovilización, pero da cuenta de la ambigüedad del presidente Uribe frente a los paramilitares.