Hay que modificar el artículo 42

 

Juan Vicente Córdoba, obispo de Fontibón, pariente de los áfidos  y otras yerbas, ha hecho un llamando a defender la familia, en el entendido de que existe una sola familia, originalmente formada por un hombre y una mujer, según una “ideología” (heterosexual) favorable al “orden natural”, consagrada en el artículo 42 de la Constitución.

Pero en el “orden natural”, el de los animales por ejemplo, se han encontrado comportamientos homosexuales, con excepción de las especies que no tienen aparato reproductivo, los erizos marinos y los áfidos.   Un estudio de Bruce Bagemihl muestra que el comportamiento homosexual ha sido observado en casi 1500 especies, desde primates hasta parásitos intestinales, y está documentado para 500 especies. ¿Si los animales del mismo sexo, digamos unos micos maricas copulan, se viola el “orden natural”?

El artículo 42, y sobre esto tendrá que producirse una reforma constitucional urgente, que ya comenzó a promover la Corte Constitucional con su sentencia sobre la “diversidad familiar”, contiene un principio de exclusión que niega la igualdad,  la pluralidad y el derecho de las minorías. Va en contravía del artículo primero de la Constitución colombiana que dice, “Colombia es un Estado social de derecho (…) participativo y pluralista, basado en la dignidad humana”.

Venimos de un pasado constitucional en el que se consagraron iniquidades, desigualdades y exclusiones centenarias, que apenas la Constitución del 91 intentó reparar, pero aun así dejó baches muy peligrosos, como el artículo 42. Imaginen, que en el pasado, con los mismos criterios actuales, se le hubiera ocurrido decir a Monseñor Concha Córdoba, que la constitución no reconoce sino a la familia heterosexual, pero que además y de acuerdo a una “ideología que interpreta el orden natural”, esa familia debe ser blanca, católica y rica.

“Nada tiene la iglesia – dice Córdoba - contra los homosexuales” – ¿Cómo? Si sus filas están llenas ellos en los closets y de pederastas evangélicos – “o contra el reconocimiento de sus legítimos y auténticos derechos  de toda persona  humana” – y hasta las inhumanas – “que tiene la misma dignidad fundamental”. ¿Es a nombre de esa dignidad que terminan condenando la reclamación de dos lesbianas de Medellín, una  de las cuales se hizo inseminar artificialmente, a que se les reconozca el derecho a la igualdad respecto a los hijos?  Ellas reclaman el derecho legítimo, plural, constitucional, a que se les dé el mismo tratamiento que a cualquier matrimonio heterosexual respecto a los hijos.

 “Claro, que por vía de referendo digan si quieren o no aceptar como familia a las parejas del mismo sexo. Que lo hagan y verán cómo el pueblo colombiano no está de acuerdo con que la familia de Colombia esté constituida por dos hombres o por dos mujeres”. En las que termina el prelado, llamando a un referendo a que nos pronuncie sobre un derecho constitucional que garantiza la igualdad a todos los ciudadanos colombianos. Un despropósito semejante a la convocatoria de un referendo para que los colombianos digamos si se la garantiza o no la vida a todos los nacionales.

¿Con que derecho un cura habla a nombre del “pueblo colombiano”, con qué derecho interpreta a las minorías, a los disidentes, a quienes creemos que la clerecía y la clerigalla, son en sí mismas violación del “orden natural”, esperpentos contra natura?