La “oficina” electoral

El affaire de las firmas del  candidato Guerrero en Cali, vino a dejar al descubierto la punta del iceberg de una oficina de estructura mafiosa que trafica con resultados electorales. ¿Cómo habría de quedarse por fuera de la ola de carruseles nacionales la Registraduría Nacional? Faltaba más.

El Registrador nacional, Carlos Ariel Sánchez, junto con el Magistrado Villarraga, del Consejo de la Judicatura y el Contralor delegado, Portela, tuvieron una oficina: “Procesos electorales”, que hoy todavía existe. Presta servicios a los descabezados electorales de “obtención” de votos, actas y registros, que hagan falta, para que sus clientes puedan quedarse con una curul. Una oficina que escruta y vende los escrutinios. Cuando en el 2007 Sánchez fue nombrado Registrador Nacional, debió abandonar su lucrativa empresa, que dejó en manos del Señor Hollman Ibáñez, que se desempeñaba hasta la semana pasada, como Director del censo electoral, y que renunció a su cargo, como consecuencia del affaire. Villarraga y Portela les cedieron la representación a sus familiares.

Ibáñez es el íntimo de la Secretaria de Gobierno de Cali, Eliana Salamanca, a su vez cuota del Nene Doc, en el gobierno de Ospina. El Senador Martínez pagó para salir de la cárcel de Barranquilla, se vino para el Valle a pasar revista a sus huestes del PIN, estuvo visitando a sus lugar tenientes, a sus amigos, cuadrando en varias ciudades  las cargas para las elecciones de alcaldías y de paso a encontrarse con Ibáñez.

A Guerrero, dos colegas le sirvieron de informantes. Uno lo enteró que en los corrillos se rumoraba una oferta, antes de la descalificación, para ayudarlo a ganar las elecciones. Luego, otro, escogido como intermediario, le informó de una propuesta para ayudarlo con el problema de las firmas.

La oficina mafiosa enquistada en la Registraduría, no parece tener mayor inteligencia, aunque se haya sostenido por mucho tiempo. Creo que escogió mal a sus víctimas. No contaron con que Guerrero es el candidato de Santos, y que una vez conocido el asalto, el mismo Presidente, saldría a denunciar manejos oscuros en la Registraduría. Hoy están contando, uno a uno, los votos de Guerreo. (De paso habrá que promover una modificación a la ley que permite el conteo de firmas por muestra. En el caso de Guerrero, se podrían haber  escogido – por decir algo -  diez muestras de doce mil votos, cada una, y entre ellas seleccionar la peor, para producir la descalificación estadística). Susana Correa se ha retirado anticipadamente, aprovechando el asalto, para adherir, como de todos modos iba a hacerlo, a la candidatura de Guerrero.

Me pregunto, en el actual panorama, que autoriza a pensar todo lo mal que se nos dé la gana, si el asalto a las firmas de Guerrero y Susana, fue para poderles hacer una oferta aplicada a resolver el problema de la descalificación de las firmas, o si fueron acaso terceros, los que le pagaron a la oficina, para sacarlos del camino, lo que objetivamente favorecería a todos los otros diez candidatos, en particular a los que van adelante, Sigifredo López y María Isabel Urrutia.  

Yo esperaría que mañana lunes a primera hora, el Procurador General retirase a Sánchez del cargo, como hizo con Samuel. Y que el conteo de las firmas, con muchos ojos puestos encima, demuestre que Guerrero tiene suficientes para obtener un aval.