TLC: soberanía y negocios

El TLC es un arma de doble filo. No es solo condenable por ser nocivo para algunos sectores de la industria, el agro, los productores de pollo, los trabajadores y otros. Tampoco es solo aceptable, porque sea un buen negocio para algunos industriales, porque abre mercados en USA, por el incremento comercial. Ambas posturas son simplistas, fragmentarias. La integración comercial en la globalización, la apertura de mercados, la producción para el mercado externo, el ensanchamiento de la base industrial, no son opciones. Hoy las economías se abren o se abren, el curso de la historia del mercado, lo impone. Así que pelear contra una tendencia, es un buen ejercicio político o académico, pero improductivo.

Convertir el TLC en panacea, en promesa de crecimiento, en augurio para el desarrollo, en ampliación de la base laboral, es una trampa de industriales y políticos, que tienen amarrados buenos negocios. Por lo pronto, la tarea de aprobación ha abierto la puerta, para una injerencia directa de USA en asuntos internos colombianos. No es algo nuevo, es lo que siempre ha sido la relación con la Casa Blanca.

 Obama hace un cálculo: el TLC expandirá las exportaciones norteamericanas en 1.100 millones de dólares y se abrirán cincuenta mil nuevos puestos de trabajo. Un buen negocio, solo falta que los demócratas en el Congreso, encuentren la forma de participar en él.

Para Colombia, a ciencia cierta, no sabremos en términos de cifras, cuál será la ganancia o la pérdida. Estamos negociando sin estimativos reales, a partir de proyecciones que se formularon desde que se discutió el tratado. Sin embargo, se nos ha fijado una agenda, que sitúa al gobierno y al congreso de USA, como colegisladores y coadminstradores de una agenda interna. Por ejemplo, nos exigen que de inmediato entre en operación el programa de protección de los maestros colombianos y que se hayan hecho todas las reubicaciones laborales. Hay que hacer una reforma al código penal para criminalizar las acciones contra los trabajadores. La Fiscalía tendrá que abrir una nómina de cien investigadores judiciales de tiempo completo para que ayuden a los fiscales a aclarar los crímenes contra los sindicalistas. Habrá que aumentar los fiscales y la policía judicial en las regiones. Hay que producir una legislación contra las cooperativas que atentan contra el derecho al trabajo. En los próximos cuatro años, hay que contratar 480 nuevos inspectores laborales y abrir programas de inspección, a los cultivos de palma, azúcar, minería, puertos y flores. Se deberá eliminar el derecho a la contratación colectiva, que afecta los intereses del sector laboral no sindicalizado. No son recomendaciones relativas a la negociación de un TLC, son órdenes de trabajo de la Casa Blanca al gobierno de Santos.

Una agenda muy liberal, a favor de los trabajadores, condenatoria de los crímenes del ejército y los paramilitarismo contra los sindicalistas y trabajadores. Santos ha regresado de USA a tramitar las órdenes de trabajo, ha puesto a todos los ministerios y a sus bancadas, en la tarea de promover las modificaciones legales necesarias para comenzar a hacer los buenos negocios.

No deja de ser paradójico o ridículo. Que sea el imperio el que venga a ordenar legislaciones y políticas para la defensa de los trabajadores, de los sindicalistas, de los maestros. La tarea, que Santos está dispuesto a hacer para la firma, siguiendo la obsecuente tradición de los gobiernos colombianos con USA, es el resultado de su visón “pragmática”, que significa, no importa que tantas concesiones haya que hacer, con tal de hacer buenos negocios. Nada lo muestra mejor, que la obsecuencia pragmática en sus tratos con Micomandante.