La emergencia social y el uribismo salvaje

“Los decretos de salud condenan a la gente a morir”, dice  Roberto Esguerra, Director de la Asociación de Hospitales y Clínicas. Reducir el alcance del POS – el corazón del derecho a la salud de los colombianos – es un atentado. “…un atentado, un irrespeto y un atropello contra la profesión médica; atenta, además, contra el derecho de la gente a recibir un buen servicio de salud”, agrega. La emergencia es un intento de salvar el sistema de salud que se quebró, a costa de la autonomía profesional de los médicos y de la reducción de beneficios del POS, y que de paso, pone en riesgo las cesantías. Un perfecto y balanceado ejemplo de neo liberalismo de ocasión, que pese a todo, no puede salvar el sistema.

En el 2002 había once millones de personas en el régimen subsidiado de salud. Hoy hay 23. En el régimen contributivo hoy hay 17 millones de personas, de las cuales solo contribuyen ocho. El sistema de salud uribista – ley cien - está concebido para que quienes tiene ingresos formales financien con sus aportes, la salud a los informales, los desempleados y quienes no aportan. El gobierno, a través de la amanerada figura del pari pasuu, se comprometió a hacer un aporte igual al aporte global de los contribuyentes. Pero pari pasuu nada pasó. El gobierno se limitó a la estrategia populista neoliberal y hoy adeuda al sistema, seis billones de pesos.

Cuando el sistema se creó se partió del supuesto de un crecimiento económico sostenido del 5% y del descenso significativo de la informalidad. El crecimiento hoy está por debajo del uno, el desempleo sobre el trece, la informalidad incuantificable, ha desbordado cualquier previsión. Al parecer a la “confianza inversionista” le faltó confianza para invertir en proyectos generadores de empleo.

Si la estructura laboral de la economía no alcanza para que los aportes financien la salud subsidiada, si el gobierno no paga, el Sistema Nacional de Salud, desde luego que está en absoluta emergencia. El gobierno debió implícitamente reconocer que su sistema de salud colapsó, ante lo cual respondió con una declaratoria de “emergencia social”, que equivale a una declaratoria de guerra.

La solución, para cualquiera, sería que el gobierno pague, mejorar el empleo y apuntar al crecimiento. Para el gobierno, que sabe que ninguna de las tres cosas va a  pasar, tan pronto como se necesita, la opción emergente tiene carácter caníbal. Reduce la autonomía médica, es decir, obliga al médico, a que independientemente de las características del paciente y de su patología, se limite al seguimiento de protocolos tasados, para evitar costos en los procedimientos. Y reduce la cobertura del POS, quitándose de encima los costos que determinan situaciones de vida o muerte. Así que pacientes trasplantados, de cáncer, con sida y con enfermedades crónicas, también han entrado, sin que todos lo sepan, en declaratoria de emergencia.

La lógica populista de Monseñor, los procedimientos vergonzosos con los que su gobierno afronta la emergencia real de la salud, provocada por el mismo gobierno, lleva a que una vez más, el remedio sea peor que la enfermedad.