La inseguridad democrática

         “Esa Colombia de la peste por todas partes,

el sarampión, la viruela, el liberalismo,

el conservatismo, el catolicismo, la fiebre tifoidea”.

                                                         Fernando Vallejo

 

La mayor desgracia de los desplazados – los refugiados en su propio país – es depender para su reparación de una ley que acuerden en el Congreso las mayorías uribistas y el Gobierno.

El gobierno y sus cómplices en el Congreso hundieron la Ley de Reparación, que llevaba cuatro años de estudio y tramitación con los defensores de los derechos humanos. Es bueno ver con que “lógica” opera la “seguridad democrática” respecto a las víctimas, de un conflicto que el gobierno no acepta que existe.  

Sobre el problema sustantivo de la ley, hay una doble lectura. Si se lee desde el victimario, lo primero es el debido proceso. Pero si se lee desde la víctima, lo primero es la reparación. El gobierno lee en la perspectiva del victimario, porque entre otras cosas lo es. Más de dos mil investigados por la Fiscalía por “falsos positivos” y el expediente abierto de las “chuzadas” permitirían a la justicia encausar a Uribe como se encauzó a Nixon.   ¿Pero qué pasa con la víctima? ¿Debe esperar la condena dentro del debido proceso, para que se produzca consecuencia reparativa?

Por consejas de José Obdulio, se cambió el nombre a los desplazados, para quitarse el peso de una connotación comprometedora, por el de migrantes. Los migrantes, por convención internacional, se movilizan voluntariamente, no porque los hayan echado, o porque los van a matar. Nada de raro, que sea el primer paso para decir, en el próximo proyecto de ley de reparación que el Gobierno va a presentar el 20 de julio, que como migrantes no son objeto de reparación.  

El principal argumento para hundir la ley es que el costo es impagable, no hay con que (80 billones). Un argumento económico que tiene como fin discriminar víctimas. Hay unas de las FARC y las AUC, y otras, del Estado. A las primeras en previa conciliación se les concedería una reparación tasada, pero a las segundas, se les dice que deben esperar a que se determine la culpabilidad del incriminado, para hacer efectiva la reparación. ¿Tres, cinco, ocho, doce años?

Iván Cepeda, vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, destacó que las víctimas tuvieron un triunfo: evitar que se aprobara el proyecto del Gobierno "que buscaba desconocerles la reparación a las víctimas de crímenes cometidos por agentes del Estado". Un triunfo legal de la víctima frente a la infamia legislativa del victimario.

No aparece en la ley que se hundió el prototipo de la víctima, el desaparecido. El que no puede ir a protestar delante de un edificio del Estado, el que no aparece en le registros de medicina legal, no paga IVA, ni asiste a los consejos comunitarios.