La rebelión contra la Corte

De seguir las cosas como van, las plenarias del Congreso terminarán haciéndose en la Picota. Casi 60 congresistas uribistas está detenidos o investigados por las acuerdos que hicieron con los paramilitares, para conseguirse los votos al Congreso y que bien sirvieron para elegir y re elegir a Monseñor Uribe Vélez.

De un gobierno que ha reclutado para sus filas a personajes tan oblicuos como Fernando Londoño, José Obdulio Gaviria y Carlos Holguín, bien puede esperarse que las determinaciones de la Corte Suprema de Justicia, lo hagan reaccionar de manera tan desinstitucionalizadora.

Epígonos siniestros, oscuros, biliosos, afines a causas non sanctas, como la del gobierno de Monseñor, portadores de los instintos políticos más perversos, que hablan por el régimen. Álvaro Gómez hubiera podido invocar una vez más la necesidad de tumbar el régimen y estaría acertando, desde la esquina política desde donde lo hubiera hecho, de no haber sido víctima de un crimen de Estado, detrás del cual estuvo Ernesto Samper.

El Gobierno le esta diciendo a la Corte que no es objetiva, que está sesgada, que está actuando por intereses políticos, que no investiga suficiente, que se extralimita. Con lo que se está llevando por delante, como es su estilo, el principio de esa babosa democracia de la que se jactan: el respeto a la independencia de poderes.

Una declaración de José Obdulio, respecto a que en la marcha de 6-M las FARC participaron, ha ocasionado diez muertos. 23 congresistas norteamericanos protestaron en una nota, contra lo que es una declaración oficial, auque él diga que como hombre libre opina, y que sus declaraciones no comprometen al Gobierno. Un gran servicio le ha prestado a los sectores anti TLC del Congreso de los Estados Unidos. Tan buen servicio como el que Londoño le prestó al régimen cuando chantajeó a su propio partido – el conservador – con que sin no le aprobaban lo que exigía Uribe renunciaba.

Cuando casi 60 socios parapolíticos de Monseñor están en la cárcel o investigados –Mancuso dice que se quedó corto en el cálculo, tanto como Pachito Santos -, cuando la Corte apunta a las torres – Carlos García y Nancy Patricia Gutiérrez –, el Gobierno no atina a una respuesta más delatora y nociva, contra esa institucionalidad que tanto les preocupa.

En cambio de apoyar a la Corte para que aclare todo a satisfacción de un país que merece conocer la verdad, responde poniendo en duda la independencia y seriedad de la Corte, lo cual resulta más desistintucionalizador, que la crisis de corrupción política que va a disolver el Congreso.

Si la Corte Suprema no está actuando en derecho, si está violando el debido proceso, si está ajustando sus procedimientos a un enquistado espíritu antiuribista, entonces que el Gobierno la demande. Que presente pruebas e instaure querella contra el máximo tribunal de justicia, en vez de hacer que sus corrompidos voceros le disparen desde los medios.