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¿Desarmar a quién?

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Colombia es un país armado. En manos de las fuerzas armadas – monopolista legal de la fuerza – hay alrededor de 700.000 armas cortas. En manos de civiles, con licencia oficial de tenencia, hay alrededor de l.500.000 armas. Y sin licencia, hay cuatro millones de armas. Un poco más de seis millones de personas armadas. El 13% de la población, lo que significa la generalización del principio de la autodefensa, lo que a cualquiera, que no sea Monseñor Uribe, le sería suficiente para saber que en Colombia existe un conflicto auténticamente armado.

El proyecto de desarme ha vuelto  a ponerse en la mesa  a causa de la política del amor del alcalde Petro. La muerte como los instrumentos de muerte, no hacen parte del proyecto amoroso, son la negación de la vida, que al no poder separarse de la muerte, pone en serios aprietos de argumentación, otra propuesta de Petro, la de acabar el espectáculo de muerte que excita a las señoras con sombrerillo español, bota y manzanilla en la arena de toros.

La propuesta de desarme necesitaría  hacerse una pregunta: ¿Desarmar a quién? ¿A los que tienen armas con licencia? Según Alfredo Molano “el tráfico de armas es también tráfico de licencias”. Es decir, para conseguir un arma con licencia se necesita un intermediario militar, lo que hace que las armas con licencia, estén en manos de los familiares, amigos, socios y colaboradores de los militares, lo que según Molano, supone una manera de extender y diversificar su circuito de poder. ¿Es a ellos a los que se pretende desarmar?  Indumil hace las armas, los militares operan como intermediarios, dan licencias y las venden. ¿Es a ellos a los que se pretende desarmar?

¿Desarmar a quienes tienen los cuatro millones restantes de armas? Por ahí se podría comenzar, pero para hacer efectiva la medida, habría que ganarles la guerra, a los paracos, a los bacrim, a las guerrillas y al narcotráfico. Someterlos, desarmarlos para reducir el número de armas. Algo, que no está ni en la jurisdicción, ni en el alcance del alcalde Petro.

Seguramente terminaremos capturando armas hechizas en redadas y llenando los estantes de la policía con las armas del hampa metropolitana. Redadas en las que hasta se podría encontrar una que otra licencia para matar.

El desarme no hay que pensarlo, solo como una medida de fuerza para incautar armas. Habría que pensarlo como una acción política de justicia pública, que desbarate las condiciones y las estructuras sobre las que se ha hecho posible una justicia privada extendida.      

 

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