Semama la parodia

En la última edición 2017, la revista Semana parodia al comienzo y al final. En página veinte, un artículo central, titulado: “Los papeles (olvidados) del magnicidio”. La revista nos dispara su conclusión editorial sobre el asesinato de Álvaro Gómez, que no es más que una parodia de la conclusión del embajador Frechette, “…la teoría de que Samper y Serpa estuvieron detrás del asesinato no tiene pies ni cabeza”. En consecuencia la teoría del crimen de Estado es un delirio de quienes jamás quisimos a Samper.

El artículo comienza con un refrito de “los papeles de Rommel Hurtado”, un filonazi al que habían capturado por enriquecimiento ilícito y en el 2010 dieron de baja en un ajuste de cuentas en Armenia. Encabezaba un grupúsculo de fanáticos delirantes que se reunió para promover un golpe de estado contra Samper, que debería encabezar Álvaro Gómez. Él ni siquiera los quiso recibir. No era con un grupo de delirantes fascistas con los que se podía remover el régimen en el que el liberalismo y el narcotráfico habían sellado un pacto de colaboración. En su última entrevista dijo, que había que cambiar el régimen, pero no había con quien. 

Todo lo que encontraron en la caja fuerte de Rommel son capítulos manifiestos del delirio ideológico de un puñado de sabandijas, parecidos a los documentos secretos de los Siete Locos, la novela de Arlt. Los documentos de inteligencia firmados por el teniente coronel Gustavo Castro, son copias de papeles del Comando General de las Fuerza Armadas, donde él trabajaba, que evidentemente habían sido filtrados por alguien. En ellos hay una posición crítica contra Samper. Aun así nada del acervo secreto de la caja de Rommel tiene el más mínimo valor probatorio en términos de investigación. Es un embuchado de mala calidad, son referidos tangenciales que para nada contra argumentan la teoría del crimen de estado. Lo único que prueban es que siempre habrá conspiraciones y que suelen ser los conspiradores quienes mejor encarnan las responsabilidades golpistas pero al mismo tiempo los que indirectamente sirven para encubrir propósitos de Estado.

Según la teoría de Frechette, el crimen lo “cometieron derechistas y militares”. El hecho de que a ninguno de los dos, Gómez los hubiera siquiera escuchado, llevó a la secta a virar su objetivo conspirativo, de manera que agraviados y despechados, eliminaron a Gómez por haberse negado a participar en el golpe. Esa sí que es una teoría sólida, probada, según la cual Gómez fue ajusticiado por los Siete Locos. La oscura teoría de la venganza, es la prueba fehaciente de la que Semana se prende para hacer una triste parodia de la teoría de la venganza de un embajador norteamericano, al que los rumores vincularon el proyecto de golpe.  

La Fiscalía, la de Martínez, declaró que todas las investigaciones en más de veinte años no han sido más que “palos de ciego”, una conjura desviacionista que ha hecho todo lo posible para que ninguna investigación apuntase en el sentido correcto del caso, el del poder. El proyecto de Samper fue tan deliberadamente conspirativo como el de Uribe, el primero aliado con los narcos y el segundo aliado con el paramilitarismo. Lo que era necesario defender era la vía política que Samper había abierto exitosamente con la mafia. Una tarea de relevos de poder con nuevos actores, que había comenzado cuatro años antes del crimen de Gómez, con las presiones del cartel de Medellín a la Asamblea Constituyente. 

La no extradición de los narcotraficantes del cartel de Cali había sido una clausula pactada para la transferencia de los donativos para la campaña de Samper. Era más importante la no extradición, para ellos, que la participación efectiva en asuntos del estado. Fue la principal condición del apoyo, según lo contó Fernando Botero. Naturalmente un eventual recambio político en el gobierno no les convenía, en cambio a Samper sí le convenía que sus socios estuvieran dispuestos a resolverle los problemas de un eventual golpe político, en el que él mismo no creía. Toda la información de los servicios de inteligencia del estado, el antiguo DAS, la policía política, indicaba que si bien había una turbulencia política con el destape del negocio, no había evidencias de que Gómez, ni nadie, tuvieran las condiciones efectivas y reales de golpear de facto la institucionalidad. Ni siquiera los movimientos que el General Harold Bedoya, desde el Ministerio de la Defensa, desplegó para agudizar la crisis. La única trinchera, desde donde Gómez disparó fuego graneado y persistente contra Samper, fueron sus columnas editoriales de El Siglo.

Que los narcos del cartel del Norte del Valle creyeran que efectivamente se venía gestando un golpe, del que los servicios de seguridad del Estado habían estado dado cuenta, según se les informaba, era una forma de tenerlos controlados y en disposición cooperativa. El 27 junio de 1995 Samper negó la extradición de los Rodríguez Orejuela, hecha el 24 de junio por los Estados Unidos.

La teoría del crimen de estado, no está basada en el hecho de que Samper temiera y supiera de un presunto golpe; lo que de verdad quería evitar era que cualquier tipo de acción política conllevara recambios de Estado, que afectaran la vía de la sociedad con los narcos para gobernar. Algo que al mismo Frechette, le dio para referirse a Colombia, como una “narcorepública”.

Para la Fiscalía, es claro, que la operación material contra Gómez, fue dirigida por la antigua estrella de la Policía, Danilo Gonzáles, que terminó convertido en jefe de sicarios del cartel del Norte del Valle. De igual manera está establecido que Ignacio Londoño, sirvió de enlace entre el cartel y el gobierno, a través de su contacto con Horacio Serpa, que debió reconocer, haberse conocido y reunido con Londoño en varias ocasiones (con motivos tan baladíes, según él,  que bien hubieran podido no darse). Semana omite cualquier mención al hecho, para no empañar la pureza de su teoría de la venganza.   Londoño fue asesinado hace dos años mientras hacía campaña por la alcaldía de Cartago. Una continuación de la teoría de la venganza.

Hernando Gómez Bustamante, Rasguño, le dijo a la Fiscalía que con la muerte de Gómez, Samper podría terminar su gobierno, lo que efectivamente pasó, que ellos (los narcos) no se iban a preocupar por la extradición, con lo que todos habían quedado tranquilos, porque tampoco sucedió. Lo que según Semana, viene a ser el origen de la teoría del crimen de estado. La teoría de Semana es que la muerte de Gómez, fue una acción independiente de los narcos que nada tuvo que ver con Samper y que ellos llevaron a cabo, una vez Rommel Hurtado le hizo llegar una copia de “El manifiesto de los golpistas”, a Hernando Henao, el jefe del cartel del Norte. Lo que convierte al granuja de Rommel -un muerto- en el auténtico determinador del crimen. Admirable cómo Semana esclareció un crimen de lesa humanidad, más de veinte años de ocurridos los hechos, con la prueba reina, que nadie hasta entonces había encontrado: un manifiesto salido del caletre conspirador de una secta de locos delirantes.

Resulta periodísticamente ofensivo el ejercicio manipulador de los hechos, del proceso, de las declaraciones, que la revista Semana ha hecho del caso Gómez, en el intento de limpiar la imagen de Samper. Nada probó, no dijo nada nuevo, o quizás lo nuevo es que la revista haya resuelto a su manera, esclarecer un crimen por la vía de la ficción, que no le sirve más que a Samper.

Ni siquiera los narcos se tomaron en serio a Rommel Hurtado, no tenían que ser analistas políticos, para encontrar en los documentos golpistas, algo que mereciera su credibilidad. O al menos mucha menos, que la que le deparaban los emisarios y agentes del gobierno y las acciones decididas del gobierno contra la extradición.

Para lo que vino a servir la oscura e insignificnte figura de Rommel Hurtado, en manos de un órgano independiente y respetable de prensa que en todo su esfuerzo investigativo ni siquiera se tomó el trabajo de entender el sentido de la teoría del crimen de Estado.

No se trata de una investigación periodística que prenda la luz sobre el crimen de Gómez, sino "una" que se la quita a los hechos criminales que señalan en una sola dirección, la del Estado. Y que calza a la medida a la demanda de impunidad judicial del antiguo jefe de la pandilla, el que dio forma a la narcoconspiración contra el país, documentada en cada caso del proceso 8000.