La crítica de las armas
Luego de seis meses, el Gobierno y las Farc sentados en la Habana, llegaran a la conclusión de que en el campo colombiano hay que hacer una reforma liberal, que cualquier país debería haber hecho a principios del siglo XX, como México. Un parto de los montes entre el cartel rojo y el gobierno de Santos. Ponerse de acuerdo en la necesidad de que la propiedad agraria se democratice, no habría tomado más de una tarde.
El ciclo que comienza mañana, segundo punto en la agenda, es el de participación política. ¿Qué nos garantiza el gobierno si aceptamos hacer política? Es la pregunta de las Farc. El gobierno ofrecerá todas las garantías para el ejercicio ciudadano, pedirá que se desarmen, que cesen todas las hostilidades y que entreguen las armas. Las Farc dirán que se desarman, cesan las hostilidades, pero no entregan las armas. Aunque si en la tierra demoraron seis meses, en la negociación del poder, el pedazo que de entrada haya que darle al cartel rojo, no necesariamente gastarán lo mismo, podría ser menos, terminar por la vía rápida. El potencial de crisis del segundo punto es mucho más alto que el primero.
Ninguna de las partes en La Habana está en condiciones de hacer una “crítica a las armas”. Ambas están sentadas en la mesa, porque ambas han sido históricamente derrotadas. Los gobiernos nunca quisieron ni pudieron hacer una reforma agraria. Gobernaron para que la tierra se concentrara en pocas manos, para que Colombia fuera, uno de los países más inequitativos. Las Farc cayeron en la misma “trampa” de las AUC, creer que se puede dejar entra impunemente el narcotráfico – como forma de financiación – sin echar al traste cualquier proyecto político. Ayudaron al despojo, al desplazamiento, a la pérdida de productividad. Pasaron de campesinistas a dillers de los carteles mexicanos.
Al punto sobre participación se le han colgado sub-puntos como “derechos y garantías para el ejercicio de la oposición y para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final”, “acceso a medios de comunicación”, “mecanismos democráticos de participación ciudadana” y “participación política”. Parecen simples, el ordenamiento constitucional los garantiza. Pero de fondo están las cuentas con la justicia. Los rufianes, con prontuarios que se miden por metros, responsables de crímenes de lesa humanidad, campos de concentración, etnocidio, minado, reclutamiento de menores, narcotráfico, se supone que deben saldar cuentas con la justicia, antes de comprar ropa y comenzar a hacer campaña por todo el país. Pero ninguno va a querer desarmarse para ir a la cárcel. De ser así toda la dirigencia del cartel terminaría sus días en los patios de alguna cárcel. Las Farc no están dispuestas a ir a la cárcel, ni a caer en “una emboscada electoral”, dijo Iván Márquez al portal Confidencial Colombia
El mecanismo de negociación, ad hoc, se llama “justicia transicional”. El Fiscal, autoridad en la materia, ha actuado como escudero calificado del Santico. ¿Quién dijo que hacer justicia pasa por la privación de libertad? ¿Quién dijo que la pena no es negociable? ¿Quién dijo que no se puede legislar en un marco para la paz en términos de justicia transicional? Monseñor algo así logró, con su ley “de justicia y paz”, hecha a la medida de los paramilitares, como concesión para la dejación de las armas, que no los obligó a más de ocho años de prisión, al menos en el papel. Entregaron hasta los fusiles de madera.
En cambio de cárcel les proponemos hacer política. Y el asunto, más importante, las víctimas, lo vamos hablando en el camino. No será lo que evite la foto.
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Omar Torrijos -