La razón desarmada

Una Guardia Indígena de diez mil hombres desarmados, o apenas armados de palos, pero investida de la autoridad que proviene de  la delegación que les han conferido sus pueblos, surge como una tercera fuerza en el conflicto del departamento del Cauca. Una fuerza que bien podría alterar el rompecabezas geopolítico del departamento, en el que el conflicto armado en Colombia tiene su laboratorio.

De un lado es un departamento geográficamente estratégico, nudo originario de las tres cordilleras, con accesos a los llanos, al Tolima y al Pacífico, corredores de movilidad militar y ruta del narcotráfico de las Farc. De otro, asentamiento ancestral del pueblo paez, el último al que los españoles redujeron, un pueblo en riesgo de extinción, que hoy apenas reúne 150.000 almas. Y un departamento, aún más olvidado que los otros, sin dosis de inversión social importantes, sin recursos para el desarrollo, sin participación del Estado en la solución de los conflictos ancestrales, con altas tasas de pobreza y exclusión, concentración obscena de la propiedad agraria, inequidad extrema y falta histórica de oportunidades para los pueblos indígenas.

Los indígenas expidieron un comunicado anoche, dando un ultimátum a las Farc y el Ejército para que abandonen el territorio a más tardar a la medianoche de hoy lunes. Además, definieron la propuesta que presentaron ayer domingo al ex-juez Baltasar Garzón, que actúa como mediador internacional reconocido por las partes: “1. Que se vayan los actores armados, vengan de donde vengan. 2. Que respeten nuestros planes de vida y nuestra Guardia Indígena. 3. Que los recursos del pueblo en nuestros territorios no los sigan manejando unos pocos para una guerra privada que les entrega lo nuestro a las transnacionales, sino que sean públicos para nuestro fortalecimiento. 4. Que rechazamos a los que se aprovechan de nuestro sufrimiento y hablan a nombre de nuestra resistencia. Quienes dicen apoyarnos deben entender y caminar con nosotros, de acuerdo con nuestra orientación”.

Pero ni las Farc, ni el Gobierno  van a abandonar el territorio en conflicto, en el corazón del Cauca indígena. Lo primero, que supondría el triunfo de las fuerzas desarmadas sobre el cartel rojo, que lleva cincuenta años utilizando la zona para su movilidad militar y sus negocios, carece de la fuerza necesaria para espantar la plaga criminal que ni siquiera el Estado con todos sus recursos ha podido reducir. Lo segundo tampoco va a ocurrir, implicaría dejarle el campo libre a las Farc.

Las exigencias perentorios contenidos en el pliego de la GI, carecen todavía de la suficiente fuerza civil para obligar a que los actores armados - de una guerra, que no es la de los pueblos indígenas, que no responde a sus necesidades ni intereses -  desalojen el territorio históricamente enclavado en el alma étnica de los pueblos nasa. Una guerra de la que ellos son apenas las víctimas y en la que seguirán siéndolo, mientras las armas de la razón no tengan la capacidad de acallar los fusiles oficiales y los del cartel rojo.

Un enfrentamiento de tres poderes, el ilegalmente constituido, amparado en la fuerza del negocio y las armas del narcotráfico. El legalmente constituido, pero legalmente incapaz de asumir su responsabilidad como Estado, en lo que se refiere a los pueblos indígenas. Y el legítimo poder indígena, masivo e insurgente, que se levanta como un actor desarmado, con fuerza de razón y legitimidad suficientes para derrotar a los otros dos.

Los pueblos indígenas se han constituido como víctimas con razón política, se han armado con argumentos pacíficos imbatibles y con exigencias constitucionales y culturales suficientes para sostener su reclamación por el derecho  a la tierra, por el derecho a la vida y a la convivencia pacífica. Pero aún así, los palos, por muchos que sean, no son suficientes todavía, contra los fusiles oficiales y los del narcotráfico.