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Alberto Rodríguez

Aun no sabemos quién va a quedarse…viendo un chispero

Aun no sabemos quién va a quedarse…viendo un chispero

“Petro, amigo, el ego es el enemigo” dicen Tola y Maruja que leyeron en un grafiti. No está demás que Petro se cuide de los enemigos interiores. De los exteriores ha sabido cuidarse, con una estrategia simple, todas las formas de lucha pacífica. Y no como dice, Felipe Zuleta, todas las formas de lucha. Y nada tiene que ver con que Petro haya o no sido militante del M 19. Es una cuestión de supervivencia política. Lo van a sacar de la política por lo que le queda de vida, la derecha le quiere cortar la cabeza, porque su cabeza, donde está, puede hacer demasiado daño.

Cuando a uno lo van a matar políticamente hay que defenderse con todo, ni más faltaba. Hemos visto a Petro encaramado en el balcón del Palacio Liévano, con aires gaitanistas de caudillo pidiendo silencios prolongados contra el golpe de estado, y lo hemos visto escoltado de una cuadrilla de hábiles abogados, que haciendo uso de todos los instrumentos legales, han retardado la ejecución del fallo administrativo del Procurador Ordoñez. Lo hemos visto haciendo lobby en Washington. Y lo hemos visto declarando ante la prensa. Algo que Samuel Moreno jamás habría podido hacer, de principio resultaba indefendible. La causa de Petro no está perdida aunque se pierda.

Una de las más serías objeciones al fallo del Procurador surge del artículo 23 de la Convención Americana. De la que se desprende, que a pesar de que la Corte Constitucional, reconoce la facultad del Procurador para juzgar y sancionar a funcionarios públicos elegidos por voto popular, explicita que los funcionarios elegidos, si bien están sujetos a sanción de la Procuraduría, no pueden ser destituidos sino por autoridad judicial. (La única que por razones civiles o penales destituye a funcionarios elegidos).

En otras palabras: si bien el fallo administrativo del procurador es legal en términos de constitucionalidad colombiana, no es suficiente para destituir a Petro. Para hacerlo legalmente se necesita el fallo de un juzgado.  Habrá que encausar penalmente a Petro, para que al cabo de un proceso, se lo destituya sin violentar los acuerdos suscritos en la carta de la CIDH.

Santos en Davos, estrenando párpados y con bolsas violáceas bajo los ojos, no da muestras de haberse percatado de la riesgosa seriedad política que tiene entre manos, cuando deba firmar un decreto ratificando el fallo del Procurador y decretar, bajo su responsabilidad, el alcalde interino.

 

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