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La dosis mínima

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A partir de hoy si la policía encuentra a su hija o hijo  de 17 años fumándose un porro en el parque, o a usted mismo, fumándose uno en el parqueadero, después de un largo día de trabajo, sus derechos al libre desarrollo de la personalidad consagrados en la constitución del 91, no le serán respetados. No se lo va a llevar a una estación de policía, no se lo va a detener ni a judicializar. El estado de opinión preocupado por su salud, lo va a declarar paciente y lo internará en una clínica de rehabilitación, con todos los gastos pagos.

México acaba de despenalizar el consumo mínimo, a pesar de estar librando la más dura lucha contra el narcotráfico, que ha costado 1637 muertos en el 2009. Venezuela, a pesar de la campaña contra el alcohol emprendida personalmente por Micomandante, sostiene la dosis mínima. En los Estados Unidos, a pesar de que una gran parte de los estados existe el delito de posesión, que se penaliza con multas entre cien y mil dólares y que casi nunca termina en cárcel, hay otros que han despenalizado. El caso de Portugal es diciente, en el 2001 despenalizó el consumo mínimo y hoy tiene el índice más bajo de consumo de la UE. Holanda, respetuosa de los derechos individuales de los adictos, protege la distribución controlada en  los coffe shops.

Pero veamos la capacidad del Estado para atender, como se merece, a un marihuanero. En Colombia, siendo conservadores hay al menos tres millones de consumidores regulares de la hierba, con fines medicinales se entiende. La capacidad de atención para todos los pacientes farmacodependientes es de 30.000 cupos anuales. El estado uribista de opinión es tan alegre en el presupuesto de atención, como en la radicalización de la medida anticonstitucional. El costo promedio de rehabilitación de un marihuanero es de siete millones de pesos anuales. Según Augusto Pérez – Director de la Corporación Nuevos Rumbos – solo una de cada mil personas se rehabilita.

Las huestes de la “autoridad y el orden” en el Congreso arrasaron con el derecho individual, y en contrapartida no ofrecen nada, si se le cree a las estadísticas de tratamiento de adicción en Colombia. Según las bancadas la lucha ahora va a ser contra los jíbaros. Ahora sí van a saber lo que es bueno. En vista del fracaso de la lucha contra el narcotráfico, solo si se mira por el número de adictos en el mundo, y por el volumen sostenido de oferta, el estado la va a emprender contra los jíbaros. ¿Pero por qué no lo han hecho? Según ellos, porque la vigencia de la dosis mínima se lo impedía.

Convertir al adicto o al consumidor habitual en pacientes, no resuelve nada, aunque lo sean. Lo más importante de la medida es que quebranta el régimen de libertades individuales. En términos prácticos, hará un poco más difícil la distribución local y contribuirá eventualmente a la subida de los precios.

Así, que cada vez que se vaya a meter su porrito en lugares públicos, sepa que podrá ser considerado un paciente. Pero no se preocupe, el Estado se encargará  integralmente de su rehabilitación. Que al cabo de un año, solo 3000 marihuaneros dejen de fumar, es lo de menos.

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gravatar.comAutor: Andres estrada

La ley del facilismo, nuevamente el estado colombiano en su gran sabiduría combate la libertad de expresión de la individualidad del ciudadano.

"Combatamos a los marihuaneros " dice el uribismo, así podremos darle fin al problema de seguridad de nuestra república, bien,un tanto aceptable la preocupación de nuestro gobierno por nuestra salud. Ahora vendrá la prohibición de la venta y consumo de alcohol(que es una de las principales responsables de muertes en accidentes de transito, riñas callejeras, asaltos y homicidios pasionales) y cigarrillo? Seria lo lógico no?. Bueno al parecer esto seria completamente ridiculo pues una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y el TERRORISMO y bla bla bla bla.

Señores bienvenidos al estado social de derecho, adelante presidente...

Fecha: 14/12/2009 11:38.


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