“El mensaje de la bomba es mafioso”

“De confirmarse que el ataque a Caracol no vino de las guerrillas, sería obvio que detrás de todo podrían estar unos energúmenos que ahora se sienten huérfanos de poder o que creen  que nadie más es capaz  de persistir en el empeño de perseguir a los alzados en armas” dice Ramiro Bejarano en su columna de El Espectador del domingo 15 de agosto. En la misma fecha Felipe Zuleta escribe:”A su vez la pusieron (la bomba) en una zona de estrato seis, para que los habitantes de la zona piensen que sólo habían pasado cinco días desde que salió Uribe para que las Farc volvieran a tomar a Bogotá”.

Un bombazo a Caracol, léase: contra Darío Arizmendi, Julio Sánchez y Feliz de Bedout, pone las cosas como si los periodistas de Caracol fueran los mayores blancos  elegidos por las FARC, o por la derecha terrorista, que “habla” por el depuesto régimen. En la interpretación editorial de Zuleta, la razón por la que ponen la bomba en el estrato seis, es determinante para pensar que fue la derecha terrorista. Bejarano propone una situación condicional, “de confirmarse que el ataque…” Pero aunque deja la puerta abierta, más adelante hace una caracterización de los terroristas, que no deja duda del origen de la autoría. “…esos que solo creen en la política de sangre y fuego, aquellos que reclaman que no cese la guerra, los que cantan el himno nacional haciendo gestos patrioteros…hombres providenciales que son capaces de todo, hasta de cavar con lo que supuestamente más aman”.

No hay dudas, lo que Bejarano y Zuleta nos están diciendo es que estamos frente a una cosa que coloquialmente podríamos llamar el “terrorismo uribista”. No han pasado quince días del nuevo gobierno, para que las lacras infectadas, lacerantes, extendidas y profundas del antiguo régimen comiencen a aflorar. A Babas Pretel lo destituyen con una imputación criminal, ser la cara de la moneda del cohecho a la que se debe la segunda elección de Monseñor. Cesar Mauricio, que reemplaza a Babas, se va a Italia imputado, encochinado, comprometido en la investigación sobre  las chuzadas. Fernando Londoño inhabilitado por doce años, el gobernador uribista del PIN, Juan Carlos Abadía, inhabilitado por diez. Uribito, llamado a declarar por el delito de lesa humanidad de robarse el dinero de los campesinos, para pagar favores de campaña del patrón. El hermano de Valencia Cossio, condenado. Edmundo del Castillo y Jorge Mario Eastman, llamados a declarar dentro del proceso de las chuzadas. Dilian Francisca hasta el pescuezo en la investigación por vínculos con el paramilitarismo. Ochenta socios electorales de Monseñor en la cárcel. Sería una injusticia que Pachito Santos terminara en la Modelo, mientras Honesto Samper sigue libre. El único que no está imputado es el Mono Holguín Sardi. ¿Cómo? Si se la pasó todo el tiempo durmiendo.

De creerles a los editorialistas, de aquí en adelante, la sociedad civil y el Estado estarían expuestos a un doble fuego, de las dos vertientes del terrorismo nacional. Los investigadores, por lo que saben, han dicho que los patrones de la acción no son los del las Farc, se trataría  pues,  de terroristas más chapuceros, más dolidos, más patrióticamente viscerales, que se presentan en su premier como los viejos-nuevos actores, reciclados del conflicto.

Que el bombazo haya sido de baja intensidad, en hora muerta y contra un medio, lo que indica es que se trató de un anuncio, de una advertencia contra los periodistas de Caracol. Si Caracol hubiera desaparecido, si el poder del bombazo se hubiera parecido al de Escobar contra el edificio de Das en Paloquemado, o como el de las Farc en el Nogal, RCN, tendría hoy un competidor menos.