Ni verdad, ni justicia, ni reparación

 Si algo queda en claro es que el Estado no está del lado de las víctimas, más allá de la letra impresa de la ley. Tan no estará que cuando los representantes de las organizaciones de las víctimas fueron a hablar al Congreso, el noventa por ciento de los congresistas se dio la tarde libre, incluidos algunos del Polo y muchos del Partido Liberal, la bancada convocante. 

La ley de “justicia y paz” es la madre de todos los vicios jurídicos con que se ha maquillado la impunidad esperpéntica a que conduce el proyecto histórico de “pacificación uribista” de la patria. Ese es el precio, pero el precio de qué, el paramilitarismo no ha muerto, el aparato aunque reducido sigue en píe, Vicente Castaño todavía anda suelto, reorganizando los negocios con el narcotráfico y reagrupando fuerzas. Sí, la impunidad es el costo que la sociedad civil debe pagar por la paz con los paramilitares. Pero la paz hasta donde va el “proceso” no tiene garantías. La experiencia de las víctimas en otros conflictos da testimonio de las concesiones que entrañan impunidad, aunque en la perspectiva de un desmantelamiento creíble y no de un desmantelamiento táctico.   

 Impunidad moral, jurídica, histórica, material y legal. En Colombia se hizo una ley sobre medidas para los paramilitares a efecto de negociar la desmovilización. El delito se ajustó jurídicamente a la necesidad del cliente. El desmonte, concentración y detención de los desmovilizados, han sido laxas e inmoralmente complacientes. Ralito era una “zona franca” de la estirpe de la Catedral. 

Si lo que han contado los jefes paramilitares es cierto, cómo será lo que no han contado.  Los crímenes – hasta los que según los códigos no son de lesa humanidad – no son moralmente reparables. Y las disposiciones de la ley que enuncian la reparación material, como condición, no tienen dientes ni los tendrán. Es algo más parecido a un chiste malo a costa de las víctimas, que a la voluntad estatal de recuperar todos los bienes saqueados de los paramilitares para devolverlos a las víctimas.    

La impunidad jurídica ha hecho que los paramilitares vayan camino de recuperar sus derechos civiles, para participar en las próximas elecciones. Por disposición de los decretos reglamentarios de la ley, se establece una diferencia entre el delito de rebelión y el de sedición. El primero consiste en intentar derrocar o derrocar el Estado legítimamente instaurado. En cambio, la sedición no pretende el derrocamiento sino la substitución del Estado. Pero tal substitución tipificada, en Colombia no se hizo ni al margen ni a espaldas del Estado legítimamente instaurado. Ahora el Presidente le pide a las cortes que asimilen el concierto para delinquir con la sedición, para que la limpieza de los cargos sea completa y los paramilitares no encuentren obstáculos para hacer su política.  

Donde había Estado y donde no lo había, se hicieron pactos de colaboración con los paramilitares. Fue en esas condiciones que pudieron manejar alcaldes, elegir consejos, orientar el presupuesto, tener contratos, prestar plata, arreglar conflictos matrimoniales y montar escuelas de descuartizamiento humano.  

La impunidad histórica del “proceso” viene por la vía de la restitución de los derechos civiles a los paramilitares desmovilizados, que habiendo sustituido al Estado, ahora el mismo les devuelve sus derechos enajenados, sin que hayan dicho toda la verdad y sin posibilidad alguna de consumar la reparación. No será imposible pues, asistir al espectáculo civil, de Ernesto Báez presidiendo el Consejo Municipal de Aguadas.