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El Patrón del cartel electoral

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Después del escándalo que se armó por las firmas que la Registraduría le rechazó a Rodrigo Guerrero durante las elecciones a la alcaldía en Cali, pregunté en Face Book, durante todos los días, hasta que me harté,  si Carlos Ariel Sánchez continuaba libre. Y sí. Pero no solamente continúa libre, continua delinquiendo. Está dedicado a obstruir la justicia.

Sánchez tuvo antes de ser Registrador una empresa – Procesos Electorales – uno de cuyos socios era Henry Villaraga, hoy magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, ese oscuro y bilioso organismo al que una reforma a la justicia no sabe cómo liquidar y en donde se tuerce el pescuezo a la ley con guantes y pasamontañas de seda. La Compañía, como se supo en su momento, era una oficina que entre otras notables funciones, cumplía la de vender servicios de resucitación por medios artificiales a los candidatos al Congreso chamuscados.

Un Fiscal llamado Julio Ospino se ha especializado en seguir el rastro delictivo a Sánchez. En el caso de Guerrero, ha establecido que fue el médico Juan Carlos Nader, quien le “mandó decir” que el problema  se podía arreglar  con dos mil millones de pesos. El mensajero fue Jimeno Rojas, casado con Elizabeth Sánchez, prima de Carlos Ariel. Cuando se les preguntó si se habían reunido, todos dijeron que no. Ospino ha establecido que Rojas se reunión con Carlos Ariel en Bogotá, y que él a su vez se encontró con su prima en Cali, por los días del quilombo.

Ospino ha rastreado las cuentas, las propiedades, los registros comerciales, correos electrónicos, llamadas telefónicas, el historial crediticio y los antecedentes de Carlos Ariel. En diciembre de 2011 ya lo había acusado ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Ariel y su abogado – Andrés Guzmán – que debe ser otra buena persona, han respondido denunciado los excesos de Ospino. Se quejaron de violaciones al debido proceso y a la intimidad, y de que no se les permite conocer el contenido de las pruebas. Una de ellas demostraría manejos irregulares en un contrato entre la Registraduria con EPM (UNE) por 77 mil millones, para las elecciones del Congreso 2010. Guzmán denunció que la página había colapsado por un ataque de hackers. Un informe del CTI conjeturó que detrás del ataque habría estado la Policía, el Ejército y el DAS. Se vino a probar que nunca hubo ataque de hackers pero la platica se refundió.

Guzmán ha denunciado a Ospino al CSJ y a la propia Fiscalía, e interpuso una tutela en la corte Suprema de Justicia. La sala Penal de la Corte desestimó la queja. Guzmán apeló. El 12 de abril la sala Civil de la corte la desestimó por segunda vez. Aún así la Fiscalía le quitó la investigación a Ospino y se la entregó a la Fiscal Martha Lucía Zamora. La semana pasada Angelino Lizcano – Magistrado del CSJ – presentó pliego de cargos contra Ospino. Lizcano logró sacar un proceso que tarda en promedio un año, en tres meses.

Carlos Ariel sigue libre. El Fiscal Ospino a punto de ser sancionado. Y el ex­socio de Carlos Ariel, Villaraga, será uno de quienes se siente a decidir la suerte de Ospino, el Fiscal tan entrometido, que puso entre los palos al patrón del cartel electoral en Colombia.

 

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