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11-S

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No sé por qué me parece que el uribismo hace campaña con el caso Plazas Vega. Hoy domingo, 11-S, se publicó en El Tiempo, bajo el rótulo de “información institucional, una “carta abierta” firmada por rancios “personajes”, que se pusieron de acuerdo para descalificar a la Justicia. Se titula: ¿Por qué el Coronel Plazas Vega aún no está libre? Me molesta que sea abusiva y manipuladora, al hablar a nombre de los “colombianos”, al  afirmar que  todo “colombiano medianamente informado” se pregunta lo mismo (¿será que los familiares de las víctimas se lo preguntan?), y sugerir que debería responderse a la manera de los abajo firmantes. Yo me considero “medianamente informado” y me hago otra pregunta: ¿Qué tan político es el concepto de la Procuraduría General dirigido  al Tribunal, que pide la absolución de Plazas Vega, una vez condenado?

Lo que en derecho reclama la Procuraduría es un nuevo proceso. Porque contra el fallo ya proferido, por el Juzgado 51, no obra revocatoria. ¿Por qué en vez de descalificar públicamente a la Justicia, no solicitan otro proceso? Así proceden las reglas del juego, del sistema del que ellos se jactan. Soliciten que la Corte Suprema someta a revisión el proceso, están en su derecho, pero no le pongan una lápida a la Juez, María Cristina Trejos, acusándola de haber fallado en falso. Después de que el seis de septiembre el Tribunal superior rechazó el recurso presentado por el abogado defensor de Plazas, Jaime Granados, el mismo abogado de Monseñor Uribe Vélez.

Todos los firmantes tiene un aroma común a pelos de la misma perra: representantes del uribismo, de los medios, de las sociedades y de los militares: Pacho Santos, Luis Carlos Villegas, Fernando Londoño, Gral Álvaro Valencia, Enrique Gómez Hurtado, Sociedad de Agricultores de Colombia, ACORE (oficiales en retiro), Plinio Apuleyo Mendoza, Alberto Dangond, Diego Palacios, FEDEGAN, INDUPALMA, Gral Rafael Samudio, Pablo Victoria, Fabio Echeverri Correa, Gabriel Arango Bacci, y otros más. Solo faltaron Uribito, Yamure  y José Obdulio. ¿Si ellos fueran los invitados confirmados a una fiesta, qué podría un colombiano medianamente informado, pensar del convite?

La derecha más conspicua, acartonada y oscura, una gleba desplazada del poder, francotiradores a la justicia, cuando los fallos les son adversos – ¿la mafia no hace lo mismo? – hicieron causa común alrededor del proceso Plazas Vega, en el que se lo condenó a treinta años de prisión, por su responsabilidad expuesta en juicio, en la desaparición y muerte de los sobrevivientes del Palacio de Justicia. Están en su derecho de dudar del fallo y a dudar de la legitimidad de los testigos, lo que no les concede el derecho a descalificar a la Justicia. Si la Justicia se equivocó, el fallo es controvertible a través de las vías judiciales, de las apelaciones, de los recursos (de los que ya han hecho uso), no a través de cartas políticas, que más que resarcir un fallo, buscan poner el foco en un río revuelto donde el proyecto de “la seguridad democrática” pueda pescar algo.

No es por la vía de opinión, de la propaganda, como se descalifican los fallos, muy a la manera uribista por cierto, al menos si nos atenemos a la legalidad jurídica, que todos deberían respetar, a pesar del desacuerdo. No es la vía para ventilar legítimos desacuerdos con la cosa juzgada. La exhibición mediática, el “golpe de opinión” publicitario, no ha hecho más que dejar al desnudo el injerto político del panfleto.

Los periodistas, hayan o no firmado como representantes de un medio, incurren en una inocultable parcialidad al tomar partido en contra de un fallo de la justicia, y comprometer su responsabilidad informativa, a favor de una política, que seguramente les da más dividendos que el oficio. Periodistas como Francisco Santos, Plinio Apuleyo, Salud Hernández, William Calderón y Alfredo Rangel, han “fallado”, se han colgado del concepto de Ordoñez, para decirnos que a Plazas, la Justicia le montó un operativo para condenarlo con testigos falsos. Si es cierto o no, será la Justicia, la que decida, no ellos, y mientras no decida acatamos el fallo.

La “carta abierta” es un abierto irrespeto a las reglas del juego jurídico, que ellos conocen, pero prefieren no practicar. Un paso más allá del acatamiento a la Justicia equivale a un paso en la justicia privada. Esa señal, que ha hecho carrera en Colombia, que ha incitado a las peores barbaries contra la sociedad civil, es la misma que envía el panfleto.

Los crímenes probados contra los sobrevivientes del Palacio de Justicia tienen unos responsables. La Justicia es la única instancia a la que podemos tener como referente de verdad procesal, que diga quiénes son, aún si el fallo es equivocado. Intervenir con la opinión a favor de torcer la legalidad del fallo, por “motivos superiores”, es un código oscuro, de una oscura política, que hermana a los militares con los periodistas y a los presidentes de los gremios con los políticos, en un panfleto que promueve una cruzada más justiciera que justa.

 

 

 

 

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